Desde Nicaragua hasta Polonia, los políticos utilizan las leyes de «agentes extranjeros» para reprimir a las ONG y los periodistas que reciben apoyo del extranjero. Nuestro socio Coda Story ha publicado un artículo sobre cómo sucede esto.
La ley rusa de «agentes extranjeros», aprobada en 2012, se ha hecho conocida más allá de las fronteras de Rusia. Da a las autoridades el derecho a incluir en la lista de «agentes extranjeros» a las ONG y personas que reciben apoyo del extranjero para realizar actividades políticas. Una vez en la lista, se arriesgan a ser encarcelados hasta por cinco años si no informan de sus actividades cumpliendo estrictamente los requisitos de la ley.
La agencia de noticias Radio Svoboda (Liberty), financiada por Estados Unidos (incluida en el registro de medios de comunicación extranjeros que desempeñan funciones de agentes extranjeros), es un caso reciente de cómo la ley restringe el trabajo de los medios de comunicación que reciben apoyo del exterior. El servicio ruso de la BBC de Londres informó que en abril el medio había pedido a parte de su personal que abandonara el país, por las enormes multas de alrededor de un millón de dólares. Debido a la ley sobre agentes extranjeros, Radio Svoboda también podría tener que cerrar sus sitios web y su personal podría enfrentarse a penas de prisión.
Los activistas de derechos humanos critican la ley, calificándola de ser un instrumento novedoso para reprimir la disidencia y acosar a las ONG y los periodistas. Pero las ideas en las que se basa ya han sido adoptadas por líderes autoritarios y regímenes antidemocráticos de otras partes del mundo.
He aquí cinco ejemplos claros.
Nicaragua
Erica Hellerstein
Los cierres comenzaron rápidamente. A principios de febrero, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro -organización de defensa de la libertad de prensa fundada y que lleva el nombre de la ex presidenta de Nicaragua,- anunció su cierre. Un día antes, la rama nicaragüense de la asociación mundial de escritores PEN International anunció que suspendía indefinidamente sus actividades en el país.
Ambos anuncios se produjeron tres meses y medio después de que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobara una controvertida ley que obliga a cualquier organización que reciba financiación internacional a registrarse como agente extranjero en el Ministerio del Interior y a presentar mensualmente al gobierno informes detallados sobre sus gastos. La ley también prohíbe a cualquier persona registrada como agente extranjero presentarse a un cargo público.
La ley se aprobó fácilmente en la asamblea, ya que en ella, la mayoría política pertenece al partido del presidente Daniel Ortega: el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ortega fue anteriormente presidente de Nicaragua en la década de 1980, después de que la revolución sandinista derrocara al antiguo dictador Anastasio Somoza. Llegó al poder nuevamente en 2007, y desde entonces reprime activamente a disidentes, periodistas y opositores políticos.
La ley de agentes extranjeros de Nicaragua formaba parte de un paquete de leyes restrictivas introducidas en otoño de 2020. Fue aprobada junto a un proyecto de ley de ciberdelincuencia que criminalizaba una amplia gama de publicaciones en línea. Desde entonces, el gobierno del país ha retirado el estatus legal a 24 ONG, entre ellas asociaciones médicas críticas con las políticas del país vinculadas a la pandemia del coronavirus.
«Estas leyes han creado una maquinaria burocrática que dificulta a las ONG la renovación de sus estatutos y el cumplimiento de todos los requisitos», afirma Enrique Gasteasoro, director general de la agencia de noticias independiente Confidencial. «Al mismo tiempo, es importante señalar que la receta de represión practicada por el gobierno de Ortega no está exenta de variedad, por lo que vemos tanto personas en prisión como organizaciones cerradas de facto, así como otros métodos lentos y burocráticos para limitar el espacio cívico.»
Tanto el PEN nicaragüense como la Fundación Chamorro han comunicado que suspenden sus actividades a causa de la ley. Además, esta ley ha sido criticada por el Departamento de Estado de EE.UU., afirmando que está «volviendo al país a una dictadura», así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los críticos de la ley dicen que su aprobación forma parte de una campaña más amplia del gobierno de Ortega para presionar a la sociedad civil y a la oposición, que se intensifica a medida que el país se acerca a las elecciones presidenciales de noviembre. En 2018, más de 320 personas murieron y miles resultaron heridas durante las protestas contra las reformas del sistema de bienestar social. El New York Times la calificó como «la peor ola de violencia política en América Latina en treinta años». Según la ONU, en 2020, más de cien mil personas habían huido del país y buscado asilo en el extranjero.
Bielorrusia
Alexandra Tian
En 2011, el gobierno de Bielorrusia, dirigido por el presidente Alexander Lukashenko, adoptó una serie de enmiendas que establecían la responsabilidad penal de las ONG locales que recibieran subvenciones y donaciones extranjeras «en violación de la legislación bielorrusa». También se prohibió a las organizaciones mantener fondos en bancos extranjeros.
Cualquier infracción puede ser castigada con multas de hasta el importe total de los fondos extranjeros recibidos.
Ese mismo año se modificó el Código Penal para ampliar la definición de traición a la Patria hasta cualquier forma de «ayuda a un Estado extranjero, a una organización internacional o extranjera o a sus representantes en la realización de actividades destinadas a perjudicar la seguridad nacional de la República de Bielorrusia»; lo cual aumentó aún más los riesgos para las ONG y otros grupos de la sociedad civil.
En los últimos años, Lukashenko ha seguido reforzando el control sobre las agrupaciones de la sociedad civil. Decretos de 2015 y 2020 impusieron requisitos de información más estrictos sobre las donaciones extranjeras y limitaron los tipos de ayuda posibles, prohibiendo la financiación extranjera para el desarrollo de las artes, la investigación científica y la prevención de las violaciones de los derechos humanos. Además, el Departamento de Asuntos Humanitarios recibió la facultad de supervisar el uso de la financiación extranjera y, al mismo tiempo, el derecho a dar preferencia a los proyectos aprobados por el Estado.
Existe la posibilidad de que Bielorrusia vaya aún más lejos. En febrero, Oleg Gaidukevich, diputado y presidente del Partido Liberal Democrático, dijo que el gobierno estaba trabajando en una ley sobre agentes extranjeros, poniendo como ejemplo el análogo ruso.
«No es posible que alguien influya en la política del país, porque cualquier partido, cualquier político, cualquier organización que reciba dinero para actividades políticas sólo trabaja en interés del país que le da el dinero», dijo en una entrevista. Gaidukevich añadió que la financiación extranjera es incompatible con la democracia.
Según los expertos, el régimen de Lukashenko ya cuenta de facto con la posibilidad de limitar el trabajo de las ONG y otros grupos de la sociedad civil. «Las cosas están tan mal que esta ley no cambiará mucho. Todos nosotros somos ya agentes extranjeros, si nuestro gobierno así lo decide», dijo Vadim Mozheyko, analista del Instituto Bielorruso de Estudios Estratégicos (BISS).
«Para el gobierno bielorruso, la sociedad civil es ya un gran agente extranjero. Por lo tanto, si formalmente nos llaman agentes extranjeros, no cambiará el sistema».
Polonia
Mary Stavenhagen
En mayo, Polonia elaboró un proyecto de ley que obliga a las organizaciones sin fines de lucro a revelar todas sus fuentes de financiación. Esto podría poner en peligro a aquellos que son críticos con el gobierno.
El proyecto de ley obligaría a las ONG con ingresos anuales superiores a 250.000 dólares a introducir la información sobre sus actividades y finanzas en una base de datos pública. Se trata esencialmente de la revisión de un proyecto de ley del año pasado, que ya fue criticado y comparado con una ley similar en Rusia de 2012. La versión anterior del proyecto de ley, que finalmente fue rechazada, obligaba a las ONG a revelar sus fuentes de financiación si más del 10% de la misma procedía de extranjeros.
Filip Pazderski, analista político del Instituto de Asuntos Públicos de Varsovia, considera que el reciente proyecto de ley es otra forma de desacreditar a las ONG ante la opinión pública.
«A las ONG se las llama literalmente hostiles a los valores y tradiciones nacionales, y lo que hacen se califica de incompatible con la identidad polaca», relata Pazderski. Se considera que trabajan en favor de los intereses de los extranjeros y no de los intereses de Polonia, representados por nuestro gobierno».
Durante muchos años, el gobierno polaco ha hecho todo lo posible para socavar la confianza de la gente en las ONG de derechos humanos y pro-democráticas que se financian desde el extranjero. A las organizaciones que no apoyan el rumbo conservador del gobierno se les ha recortado la financiación y se han allanado las oficinas de organizaciones independientes de la sociedad civil que protestaban contra el endurecimiento de la ley del aborto.
A pesar de ello, Pazderski cree que el partido nacionalista gobernante en Polonia teme las críticas de la UE. «Creo que nuestro gobierno no quiere que Polonia sea vista como el chico malo de la UE. Pero al mismo tiempo, el gobierno tiene todas las posibilidades de reunir en un solo lugar información sobre las actividades de las ONG, que luego puede utilizar en su contra».
Egipto
Masho Lomashvili
Poco después de que el presidente Abdel-Fattah el-Sisi llegara al poder en 2014, las autoridades egipcias comenzaron a combatir activamente la disidencia. En los años siguientes, miles de miembros de grupos opositores, ONG y activistas en general fueron encarcelados, torturados y algunos incluso ejecutados. Y después de tres años, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil se volvieron prácticamente imposibles.
Los funcionarios justificaron la ley, que entró en vigor en 2017, por la necesidad de proteger la seguridad nacional y evitar la injerencia de organizaciones benéficas con financiación extranjera. En la práctica, sin embargo, ha permitido al gobierno egipcio vigilar y controlar prácticamente todos los aspectos de la actividad de las ONG en el país, tanto en la defensa de los derechos humanos como en su financiamiento.
La legislación exige que las organizaciones soliciten permiso para operar en Egipto a una «autoridad administrativa competente» que determina si su trabajo es coherente con los objetivos del gobierno. Las organizaciones también deben proporcionar a las autoridades información detallada sobre su financiación, actividades y programas. El incumplimiento de la ley puede dar lugar a un proceso judicial, que incluye una pena máxima de cinco años de prisión para el personal de las ONG y grupos de la sociedad civil y una multa de hasta 55.000 dólares.
Los activistas han condenado la ley, calificándola de intento de congelar su labor humanitaria. Su aprobación también contribuyó a la decisión de la administración del presidente estadounidense Donald Trump de suspender la multimillonaria ayuda militar a Egipto durante casi un año.
En 2019, tras una considerable presión internacional y nacional, el Parlamento de Egipto eliminó las penas de prisión contenidas en la ley y las sustituyó por multas de hasta 60.350 dólares.
Según Amr Magdy, investigador de Human Rights Watch, la ley de ONGs de Egipto es muy parecida a la ley de agentes extranjeros de Rusia. «Los medios de comunicación controlados por el gobierno admiran las leyes rusas y su sistema estatal, gracias a lo cual Putin se mantiene en el poder por tiempo indefinido», declaró Magdy.
Hungría
Mariam Kiparoidze
En 2017, el Parlamento húngaro, dirigido por el primer ministro derechista Viktor Orban, aprobó una ley que impone normas estrictas a las ONG que reciben financiación extranjera.
Según la ley, las ONG que reciben más de 24.200 dólares al año de fuentes extranjeras deben registrarse como «organizaciones con apoyo extranjero», pues de lo contrario corren el riesgo de ser cerradas.
El Gobierno ha declarado que el objetivo de la ley, denominada LexNGO, es aumentar la transparencia y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sin embargo, los grupos de derechos humanos nacionales e internacionales se opusieron unánimemente a ella, calificándola de instrumento para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil y a todo aquel que critique al gobierno. Orban ha acusado a las ONG financiadas con fondos extranjeros -en particular a las respaldadas por el multimillonario filántropo de origen húngaro George Soros- de interferir en los asuntos internos del país.
Los activistas de derechos humanos creen que la ley se introdujo para intimidar a los miembros de las ONG. «No creo que la intención inicial del gobierno fuera iniciar ningún procedimiento legal», afirmó Demeter Aron, director de Amnistía Internacional en Hungría. «Algunas personas renunciaron, algunos donantes fueron rechazados. Se ha gastado mucho tiempo y dinero en litigios en el Tribunal Constitucional», añadió.
Aron también compara a la ley húngara con la legislación rusa sobre «agentes extranjeros» tanto en su intención como en su contexto.
«Creo que ambas leyes pretenden estigmatizar a las organizaciones independientes de la sociedad civil y, fundamentalmente, crear condiciones para que las personas que reciben ayuda de estas organizaciones no se atrevan a acudir a ellas», dijo. «Es casi una copia de la versión rusa».
El verano pasado, la Corte Europea de Derechos Humanos dictaminó que la LexNGO no cumplía con la legislación de la Unión Europea y violaba derechos fundamentales, como el derecho a la protección de datos personales y el derecho a la libertad de asociación. En febrero, una comisión de la UE envió una carta de emplazamiento al gobierno húngaro, dándole dos meses para modificar la ley. Aunque Hungría derogó la LexNGO en abril, el gobierno aprobó inmediatamente una legislación similar que permite el control y la verificación selectiva de las ONG cuyos activos superen los 66.480 dólares, explicando que son «capaces de influir en la vida pública».
La versión original de este artículo puede leerse en Coda Story en idiomas ruso e inglés.